*La sanidad murciana comenzará este año a aplicar un modelo semiprivado para dos de sus nuevos hospitales, siguiendo la estela de otros gobiernos regionales del PP como el de Madrid o el de la Comunidad Valenciana. Pese a las críticas por parte de la ciudadanía y la oposición a este sistema de gestión, el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel ya ha firmado un modelo similar, aunque con una empresa sin ánimo de lucro.
La empresa mercantil sin ánimo de lucro Giscarmasa (Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) será la propietaria de los dos nuevos hospitales de Cartagena y Mar Menor, y se encargará de la gestión de sus servicios no sanitarios. Con esta decisión, el Gobierno popular de la región implanta un modelo a medio caballo entre la sanidad pública y la privada, similar al que desarrollan desde 1999 y 2003 respectivamente 13 hospitales de Valencia y Madrid.
Similar al sistema mixto de Madrid:
Según informó El País, el Ejecutivo murciano pagará a Giscarmasa por los edificios y por desarrollar los servicios no sanitarios -mantenimiento, esterilización, limpieza, alimentación, centralita…- de los dos nuevos hospitales de la región, y se reservará la gestión del personal sanitario. El sistema es muy similar al aplicado por Esperanza Aguirre y que tantas críticas ciudadanas está acarreando: en este caso: en este caso, la empresa construye y gestiona los centros, excepto al personal sanitario, o bien la sanidad pública paga a una empresa privada para que gestione por completo el hospital.
1.500 millones en 30 años:
En el caso del hospital de Cartagena, Valcárcel alquilará el edificio a Giscarmasa y pagará por la gestión de los servicios no sanitarios al menos 33 millones y medio de euros anuales más IVA. El contrato ha sido firmado por 30 años, lo que supondrá un gasto de más de 1.000 millones de euros, sin contar el IVA. La situación del hospital del Mar Menor, en San Javier, será similar, aunque Giscarmasa será propietaria del edificio, y recibirá más de 14 millones de euros anuales, unos 430 millones en los treinta años de contrato.
"Modelo de gestión novedoso":
Para la gerente de la empresa, Inocencia Gómez, no se trata “ni mucho menos, de la privatización de la sanidad pública”, puesto que los estatutos de Giscarmasa establecen que la empresa es “sin ánimo de lucro” y con un capital “que procede íntegramente del Gobierno regional”. A su juicio, es simplemente un “modelo de gestión novedoso”.
Criticas a la privatización:
Sin embargo, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Mariano Sánchez Bayle criticó que, aunque “las ganancias vuelven al sector público” y la “titularidad no se privatiza”, la “empresa pública va a subcontratar con empresas privadas, así que lo que se privatiza al final es la prestación de los servicios”.
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