"BARBERÁ PRIVATIZA SUELO PARA BENEFICIAR A LA IGLESIA Y PERJUDICAR A ESCUELAS PÚBLICAS Y CENTROS SOCIALES"

*El ayuntamiento de Valencia recalifica 250 parcelas

Donde tenían que haberse construido escuelas públicas, jardines de infancia, centros sociales y parques en Valencia ciudad, la alcaldesa, Rita Barberá - del PP - ha decidido por su cuenta cambiar el uso dotacional. Muchas parcelas reservadas para aprovechamiento y disfrute común han ido a parar a manos privadas. La iglesia católica se ha beneficiado de 11 de estos terrenos municipales privatizados. También han acudido al goloso reparto inmobiliario, empresas y entidades privadas valencianas, con un denominador común: son afines o simpatizan con el Partido Popular.

Así consta, con todo lujo de detalles, en un reciente informe crítico, elaborado por la oposición socialista en el consistorio valenciano. Durante los 17 años que lleva gobernando Rita Barberá, el ayuntamiento ha convertido suelo municipal en privado por un total de 683.068 metros cuadrados, el equivalente a 69 campos de fútbol.

“Con carácter definitivo”:

Exactamente, el PP ha modificado 250 parcelas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), redactado y aprobado en 1998, cuando gobernaba en Valencia el PSOE. De estas modificaciones, 71 afectan directamente a suelo donde se había previsto construir escuelas públicas, ambulatorios, centros sociales, o espacios de ocio y culturales. En su lugar, ahora hay viviendas de renta libre o iglesias. Según denuncia el PSOE, la mayoría de las parcelas modificadas “no podrán recuperarse para que vuelvan a ser públicas”. En el caso de que haya un cambio de gobierno en el consistorio, y se vaya el PP, los cambios tienen “carácter definitivo”, a diferencia de unas pocas que son “provisionales”, se lee en el informe socialista.

Terrenos a la Iglesia:

A la iglesia católica de Valencia le han tocado en suerte 11 parcelas de “nuevo cuño”. Nueve han servido - o lo harán en el futuro - para construir iglesias, según ha dispuesto el arzobispo-cardenal, Agustín García Gasco, la primera autoridad de la iglesia católica valenciana, amigo de la alcaldesa popular, Barberá. García Gasco ha recibido en el mismo paquete de cesión de suelo urbano público, dos terrenos más: el “Asilo San Juan Bautista” y la Alquería de Ricós. Ambos están excelentemente ubicados y se consideran edificaciones añejas de solera. El asilo y la alquería serán futuras sedes y anexos de la polémica universidad católica, que apoya la Generalitat Valenciana del PP, pero todavía no ha recibido el visto bueno del ministerio español de Educación para que pueda abrir sus puertas docentes, sin estar fuera de la ley.

También yacimientos romanos:

No se conocen los contenidos de los acuerdos firmados entre el ayuntamiento de Barberá y la iglesia católica en el generoso “pase” de manos de terrenos municipales. Tampoco se ha dado publicidad a las contrapartidas de dinero – si las ha habido – en las transacciones que como se ve son de naturaleza opaca. El informe del PSOE municipal dice que, de las nueves parcelas recalificadas para iglesias, cinco han servido como intercambio de terreno por otro, el que está cerca de la Catedral – conocido como solar de la Almunia- donde hay yacimientos romanos que explota y gestiona el ayuntamiento como museo.

“A precio de expropiación”:

En otro caso, el de una iglesia en el barrio de Campanar, el arzobispado se ha aprovechado de una bonificación del 95% del precio de coste. La iglesia católica solamente ha asumido la compra de dos parcelas para construir iglesias. Lo ha hecho “a precio de expropiación” y no al del mercado, denuncia los socialistas.

Los problemas de García Gasco:

Estas concesiones de suelo municipal a la iglesia católica, por vía del “amiguismo”, han salido a la luz pública pocos meses después de que al arzobispo-cardenal, García Gasco, se le haya implicado en casos, con fines especulativos, de “incumplimiento” de los deseos de varios feligreses que en vida donaron a la iglesia parte de sus bienes patrimoniales o de su fortuna personal y ahora sus descendientes ven que no se ha cumplido la voluntad del difunto.